Agustín Ramírez padece un 80 por ciento de incapacidad permanente. Tres policías están imputados por abandono de persona, incumplimiento de los deberes y lesiones graves, pero siguen libres. La familia de la víctima reclamó por la demora judicial. “Desde la noche del choque a mi hermano sólo tuvimos inconvenientes con la justicia, todo se hace lentísimo y dan mil vueltas”, indicó Carla
La noche del 16 de agosto de 2022, Agustín Ramírez (25) volvía en moto de trabajar y de repente fue interceptado por un móvil del Comando Sur de la Unidad Regional II que lo hizo despistar, aunque no se descarta que lo haya chocado. El motociclista cayó al empedrado y los policías lo abandonaron agonizando.
Funcionarios públicos que juraron servir y proteger, convertidos en delincuentes, porque de mínima (si es que no lo atropellaron), deberían haber parado y asistido al joven. Pero se escaparon, y por algo será. Para colmo, todos siguen libres.
Después lentitud y tibieza judicial, justamente por tratarse de policías, y demoraron la recolección de pruebas y pericias. Lo lógico hubiera sido apartar a la Policía y que la investigación quede a cargo de Gendarmería, por ejemplo. Pero no se hizo.
¿Negligencia? ¿Complicidad? ¿Cobardía? Sólo Dios lo sabe. Lo cierto que esa noche, hace dos años, le arruinaron la vida a Agustín. Y la suya es una doble tragedia, por el hecho en sí, y por la justicia que no llega.
“Es todo una burocracia para que el juez firme la insania de Agustín. Hicimos todo al pie de la letra, pero vuelve a fiscalía, después vuelve al juzgado y así nos tienen. Es nuestra bronca porque hace un año y medio que estamos corriendo por ese papel”, reclamó Carla Ramírez.
La hermana de la víctima detalló que vienen tramitando el proceso de restricción de capacidad (o insania) ante el Juzgado de Familia de Oberá, requisito imprescindible para que sus padres puedan constituirse como querellantes en el expediente penal que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos.
“Mi hermano tiene un 80 por ciento de incapacidad mental, por eso el juez requiere que se determine la insania para que mis padres entren como querellantes y pueden accionar penalmente. Pero hace un año y medio que estamos tramitando y hasta ahora no obtuvimos respuestas. El expediente anda de un juzgado al otro y no resuelven”, lamentó.
Secuelas de por vida
A consecuencia del impacto contra el empedrado, Agustín padeció gravísimas lesiones, la peor en la cabeza y que se tradujo en una discapacidad de por vida.
Los policías fueron imputados por “abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y lesiones graves culposas”. Se trata del oficial subayudante Nicolás Skripchuk, del sargento primero y chofer Ariel Cantero y de la agente Camila Cantero, quienes estuvieron dos meses detenidos y luego fueron liberados.
En paralelo a la causa penal, la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó el pase a disponibilidad de los citados, por lo que fueron apartados de sus funciones y continúan en la misma situación.
Tampoco se descarta que se amplié la imputación, ya que desde un primer momento se sospecha que la patrulla no sólo persiguió al motociclista, sino que lo impactó y produjo el despiste. Pero como suele suceder cuando hay policías implicados, la instrucción avanza lentamente.
En ese contexto, la familia de la víctima reclama por demoras en el proceso: “Se cumplieron dos años del choque a mi hermano y seguimos padeciendo palos en la rueda. La justicia hace todo demasiado lento como para que prescriba la causa”, opinó Carla.
Y agregó: “Desde la noche del choque a mi hermano sólo tuvimos inconvenientes con la justicia, todo se hace lentísimo y dan mil vueltas. Hasta nos costó conseguir abogados. Pasa que hay policías implicados y muchos intereses, pero no debería ser así porque arruinaron la vida de una persona joven y de toda una familia. Estamos destrozados y la justicia parece que favorece a los culpables”.
Agustín padeció fractura de cráneo, trauma de tórax y fractura de clavícula izquierda, además de múltiples golpes y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que permaneció 16 días en terapia intensiva.
“Lo cruzaron con el patrullero”
Visiblemente angustiado por las secuelas que padece su hijo, Juan Ramírez reclamó que la justicia acelere los tiempos del proceso para evitar la prescripción de la causa.
“Es aberrante lo que le hicieron a mi hijo y ante eso, como familia, no esperamos ni pedimos más que justicia”, señaló Juan.
Mencionó que a su hijo “lo cruzaron con el patrullero” y que después de una maniobra del joven para no chocar, lo persiguieron. En ese contexto perdió el control e impactó contra el empedrado, sufriendo gravísimas lesiones.
Los uniformados “se fueron de la escena y al rato volvieron para ocuparse del siniestro, simulando no tener conocimiento de lo sucedido”, recordó el progenitor a partir de dichos de testigos.
“Son policías, estaban preparados para proteger a la sociedad, pero terminaron haciendo lo contrario, siendo conscientes de todo, eso es lo peor”, expresó y continuó: “Sabiendo el riesgo y que estaba mal, igual siguieron y después de lastimar a mi hijo que había salido del trabajo y regresaba a mi casa, se fueron de la escena, lo dejaron tirado y pienso por qué actuaron como delincuentes. Por qué no se hicieron cargo, por qué no llamaron una ambulancia”.
Según contó la familia, un testigo habría visto el móvil policial chocar la moto de la víctima y desestabilizarla, pero las pericias tardías no lo pudieron confirmar.
Al borde del llanto, señaló que “Agustín tiene un 80 por ciento de discapacidad permanente, cuando era un chico laburador, guapo, lleno de sueños, con una hija hermosa, pero ahora está resistiendo día a día”.
Registro fílmico
El siniestro se registró sobre calle Catamarca entre Urquiza y Quintana, en Villa Vick de Oberá. Desde un primer momento fue clave el aporte de un testigo que declaró que un móvil policial perseguía a una moto cuyo conductor perdió el control y despistó, tras lo cual el vehículo oficial abandonó la escena y no prestó asistencia a la víctima.
Dicha versión fue confirmada con el registro fílmico de las cámaras de seguridad de dos viviendas de calle Catamarca que dan cuenta de la persecución de la patrulla.
Al prestar declaración indagatoria los tres imputados reconocieron que persiguieron y luego abandonaron a Ramírez, aunque negaron que el móvil en el cual se movilizaban haya impactado la moto que conducía.
Oportunamente, peritos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) constataron videos domiciliarios donde se corroboró que el móvil policial persiguió a Ramírez.
“En una cámara se ve que el móvil está a diez metros y en otra más encima”, precisó un vocero.
Si bien los registros no lograron grabar el presunto choque, sí muestran las luces de la sirena de la Policía en el horario en que ocurrió el accidente, entre 21.10 y 21.20.
“Por el minuto 21.14 se logra ver el reflejo de las luces azules, por eso se sabe que no fue la ambulancia, que llegó más tarde”, explicó el vocero.
Testigo clave
Si bien los policías imputados negaron haber impactado a la moto de Ramírez, dicha versión contradice a la de varios vecinos.
“Vivo a una cuadra y media del hecho, justo llegaba a mi casa en mi moto y escuche un estruendo terrible, a eso de las nueve y diez de la noche. Fui a un negocio y en eso apareció un chico que vive casi en frente a donde ocurrió el hecho y vio todo. Apenas nos contó que hubo un accidente fuimos para ayudar al muchacho, el cual estaba muy mal”, precisó un joven en diálogo con este medio.
En tanto, comentó que “el chico que vio todo nos contó que un patrullero estaba persiguiendo a la moto y la chocó, el conductor perdió el control y cayó”.
Precisó que la ambulancia demoró alrededor de 20 minutos, mientras que la Policía tardó más de media hora.
“Hasta que por fin llegó un móvil con tres uniformados, dos hombres y una chica en un Chevrolet Cruze. Apenas llegaron, el chico que vio el choque les comentó lo que pasó y les dijo que el móvil que chocó al muchacho era igual al de ellos”, indicó.
Minutos más tarde los vecinos volvieron a sus respectivos domicilios, circunstancia en que habrían notado que “los uniformados comenzaron a alumbrar con sus celulares al paragolpes del móvil, como buscando marcas o demás”, opinó el testigo, dando a entender que se trataría de la misma patrulla que propició el siniestro vial.
Encuadre legal: hasta 10 años de cárcel
Respecto a la calificación del hecho, el artículo 106 del Código Penal referido al abandono de persona cita que “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”.
“La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión”, agrega.
En tanto, el artículo 248 avanza sobre el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y establece un máximo de 2 años de cárcel e inhabilitación especial por doble tiempo.
Respecto a las lesiones, el artículo 91 del Código Penal precisa que “se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir”.
Sobre el último punto, los certificados médicos indican que Ramírez arrastrará secuelas neurológicas de por vida.
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Daniel Villamea, periodista, hincha de River (no fanático), Maradoniano, adicto a Charly García, Borgiano y papá de Manuel y Santiago, mis socios en este proyecto independiente surgido de la pasión por contar historias y, si se puede, ayudar a otros.
