El dueño de una camioneta tuvo que transferir casi 300 mil pesos a una cuenta de la Jefatura de la Policía de Corrientes a las 3.30 de la madrugada. El abogado Silvio Contreras opinó que fue una maniobra “para obtener un rédito económico ilegal”. Habría más casos
Lo que comenzó como una jornada distendida de sol y playa entre amigos, concluyó de manera abrupta y hasta traumática para un grupo de obereños que se hallaban veraneando en Ituzaingó, Corrientes, quienes el último fin de semana fueron objeto de un procedimiento policial al menos sugestivo.
Todo comenzó a media noche del viernes, cuando cuatro jóvenes mayores de edad -dos varones y dos chicas- se movilizaban en una camioneta y fueron detenidos en un control; si bien exhibieron la documentación correspondiente y el test de alcoholemia al conductor habría dado negativo, el grupo fue trasladado a una dependencia policial.
Ya en la comisaría, el encargado del procedimiento les manifestó que habrían incurrido en una infracción de tránsito, y que para recuperar la libertad debían abonar una multa de casi 300 mil pesos.
Por tratarse de estudiantes universitarios sin ningún tipo de antecedentes, más el hecho de haber dos mujeres en el grupo, la situación generó cierta desesperación y el dueño del vehículo decidió abonar la supuesta multa.
En este punto el accionar policial genera controversia, ya que el pago se efectuó en plena madrugada mediante una transferencia a una cuenta a nombre de la Jefatura de Policía de Corrientes.
Este medio accedió al comprobante de la citada operación que se concretó a las 3.31 del pasado sábado 6 de enero por un monto de 281.541,20 pesos.
Según el abogado obereño Silvio Contreras, se trató de un hecho “irregular” y “los uniformados los habrían coaccionado a pagar la exorbitante suma atribuyéndoles falsamente conductas reprochables, todo ello para obtener un rédito económico ilegal”.
En tanto, los damnificados analizan iniciar acciones legales contra los efectivos implicados.
Procedimiento confuso
Consultado al respecto, el letrado se mostró preocupado por el procedimiento del fin de semana y mencionó que tampoco habría sido el único en perjuicio de jóvenes misioneros en lo que va de la temporada de verano.
Sobre el hecho puntual, los obereños fueron aprehendidos en la vía pública a bordo de una camioneta sin que mediara flagrancia ni existieran elementos que hagan presumir algún delito, indicó.
Pese a ello, fueron conducidos a la dependencia policial donde se les aplicó una importante multa para recuperar la libertad en horas de la madrugada. Además, les secuestraron el vehículo en que se trasladaban, el cual aún no les fue restituido.
“Llama la atención el procedimiento de las autoridades policiales porque los detenidos habrían tenido que depositar esa cuantiosa suma en horarios de la madrugada a una cuenta de la Jefatura de Policía. El cobro realizado de esta manera, en esos horarios y cuyo destinatario es la misma entidad que aplica la sanción es, a las claras, cuanto menos confuso”, opinó Contreras.
Ante el reclamo de los progenitores de los jóvenes, la autoridad policial argumentó que previo a la detención habrían sido informados de una camioneta blanca que estaba haciendo picadas, aunque los obereños se movilizaban en un rodado gris.
Asimismo, el abogado subrayó que al conductor “se le practicó alcoholemia cuyo resultado habría sido negativo, por lo que quedaría descartado cualquier indicio de conducción imprudente o bajo efectos del alcohol”.
“Lamentablemente, estos procedimientos irregulares y abusivos por parte del personal policial se habrían vuelto moneda corriente en Ituzaingó durante la temporada estival, afectando a numerosos turistas y pobladores”, agregó.
Pedido de sanción
Para Contreras, la detención de personas “sin causa legal y el cobro compulsivo de sumas dinerarias para recuperar la libertad podría configurar lo que penalmente se conoce como secuestro extorsivo, conducta aberrante que en ningún caso puede ser ejercida por las fuerzas policiales so pretexto de aplicar el Código de Faltas”.
Según su óptica, lo que sucedió en Ituzaingó afecta garantías constitucionales como la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la libertad ambulatoria y el debido proceso.
Es más, al analizar la normativa vigente, señaló que el Código de Faltas Municipal de Ituzaingó sólo autoriza la aprehensión en caso de flagrancia y el juzgamiento mediante un procedimiento judicial con las debidas garantías procesales.
“Vale señalar que el Código de Faltas Municipal en ninguna parte autoriza a la Policía a detener personas que no hayan incurrido en falta alguna, ni mucho menos habilita el pago de multas como condición para recuperar la libertad ambulatoria”, manifestó tras analizar la norma.
Como ejemplo, citó que en Misiones las cauciones o multas siempre se pagan a través del banco y a cuentas judiciales.
“Por eso me parece rarísimo que se en Ituzaingó se transfiera a las 3 de madrugada a una cuenta de la Policía, que en definitiva juzga, sanciona y cobra. Eso me parece que está muy mal”, opinó.
En ese contexto, hizo hincapié que “en caso de corroborarse esta operatoria por parte de las fuerzas policiales, estaríamos frente a un gravísimo caso de abuso de poder y avasallamiento de derechos fundamentales, que no puede ser tolerado en un estado de derecho”.
“Las autoridades deberían investigar lo sucedido y sancionar a los responsables de tan irregular proceder”, agregó.
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Daniel Villamea, periodista, hincha de River (no fanático), Maradoniano, adicto a Charly García, Borgiano y papá de Manuel y Santiago, mis socios en este proyecto independiente surgido de la pasión por contar historias y, si se puede, ayudar a otros.
